México

Desde México a Siria, una epidemia de casos de personas desaparecidas. Los gobiernos toman iniciativa para abordar el problema global, firmando el tratado de ICMP.

El secuestro de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en el suroeste de México el 26 de septiembre de 2014 centró la atención mundial a la crisis de Personas Desaparecidas de México. El caso de los estudiantes secuestrados, que reveló una cultura de estrecha cooperación entre la clase dirigente política local y bandas criminales, al parecer, con la connivencia de la policía, ha sido contemplado como un micro universo: se estima que más de 26.000 personas han desaparecido en México en la última década en medio de pruebas contundentes sobre la participación de actores estatales, incluido el ejército, la marina y la policía federal, estatal y municipal.

La presidencia de Felipe Calderón, desde diciembre 2006 a diciembre 2012 atestiguó una guerra entre el Estado, que desplegó tropas de combate, y los cárteles de la droga del país, que se había hecho suficientemente potente como para desafiar a la autoridad civil. La consecuente violencia condujo a un aumento catastrófico en las tasas de homicidios y en el número de desapariciones sin resolver. El sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, se comprometió a poner fin a la violencia, pero mientras que el número de homicidios ha disminuido, hay pocos indicios de que las autoridades han sido capaces de restablecer el Estado de derecho o hacer grandes avances en la lucha contra los cárteles de la droga

Al asumir el cargo en diciembre de 2012 Peña Nieto se comprometió a establecer una base de datos nacional de personas desaparecidas. Sin embargo, esto todavía no se hecho. Un informe publicado por el Comité de la ONU sobre Desapariciones forzadas en febrero 2015 instó a las autoridades mexicanas a promulgar legislación que estableciera desapariciones forzadas como un acto criminal. “La información recibida por el Comité muestra un contexto de desapariciones generalizadas en una gran parte del país, muchas de los cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”, dijo el Comité. Se expresó preocupación por “la casi inexistencia ” de convicciones en tales desapariciones.

Los estados individuales, ante todo Nuevo León, han comenzado a hacer avances abordando el tema de Personas Desaparecidas, en gran parte, en respuesta a la presión de las ONG de derechos humanos locales. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) liderado por la Hermana Consuelo Morales ha reunido a las familias de los desaparecidos para presionar a las autoridades de Nuevo León, incluida la Oficina de Procuraduría General de justicia, para investigar casos de personas desaparecidas.

ICMP visitó Monterrey, capital de Nuevo León, a principios de 2014. Como resultado, el Procurador General de Justicia de Nuevo León invitó ICMP a evaluar posibles medidas para localizar e identificar las aproximadamente 1.000 personas declaradas desaparecidas en el estado. Como parte de estas medidas se propone que la Procuraduría General de Justicia y el Laboratorio de Criminalística fortalecieran las capacidad para crear una base de datos precisa sobre personas desaparecidas y para hacer identificaciones en base a métodos científicos, con la asistencia de ICMP.

Los avances llevados a cabo en la resolución de casos de personas desaparecidas en Nuevo León podrían servir como un escalón hacia un proceso más amplio Incluyendo otros estados mexicanos.