Las violaciones de derechos humanos ocurrieron durante la dictadura militar de Brasil entre abril de 1964 y marzo de 1985. Una ley de amnistía de 1979 protegió a los perpetradores de delitos políticos cometidos por y contra el régimen.

En febrero de 2018, se anunció la primera identificación como parte de un esfuerzo multidisciplinario para identificar a los opositores al régimen que habían sido enterrados en una fosa común en Sao Paulo entre los años 1971 y 1975. La identificación del cuerpo de Dimas Antonio Casemiro se confirmó a continuación de un análisis de muestras biológicas que fueron enviadas desde Brasil al laboratorio de la ICMP.

En otras partes de Brasil, las familias han luchado durante décadas para obligar a las autoridades a investigar la desaparición de familiares durante la insurgencia armada contra el gobierno militar que duró desde 1967 hasta 1974 en la cuenca del río Araguaia en el centro de Brasil. Un grupo de trabajo federal se hizo cargo del trabajo iniciado por las familias para localizar los cuerpos de los rebeldes desaparecidos, en 2011. La Comisión Nacional de la Verdad, convocada por la presidenta Dilma Rousseff, condenó los abusos de los militares y una comisión federal de amnistía comenzó a compensar a algunas víctimas. Sin embargo, la investigación sobre las desapariciones de Araguaia se ha visto obstaculizada por la ley de amnistía. En enero de 2017, se presentaron cargos federales contra dos ex oficiales del ejército acusados ​​de liderar un asalto contra los rebeldes.