En 1977, inmediatamente después de las elecciones democráticas que tuvieron lugar tras la muerte del General Franco, el Parlamento español promulgó la Ley de la Amnistía, levantando sanciones contra los oponentes de la dictadura y a la vez protegiendo oficiales del régimen de la persecución por violaciones de derechos humanos. El “Pacto del olvido,” uno de los pilares de la Transición a la Democracia, disfrutó de un apoyo amplio durante una entera generación. Sin embargo, esto comenzó a ser desafiado cuando, en el año 2007, el Gobierno socialista introdujo la Ley de Memoria Histórica por el Parlamento.
Instrumentos jurídicos internacionales
España es un Estado parte de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos como el ICCPR, el CESCR, la CAT y la Convención y el TEDH. Se convirtió en una parte del Estatuto de Roma en 2000.
Marco constitucional
La Constitución española garantiza la protección de una amplia gama de derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a la vida y a la integridad física y moral, la prohibición de la tortura y castigos o tratamiento inhumano o degradante, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar e igualdad ante la ley.
Lex Specialis
El Código Penal español define los crímenes contra la humanidad como es establecido en el Estatuto de Roma, por lo tanto, la desaparición forzada es un delito cometido como parte de un ataque generalizado contra una población civil.
En 2007, la Ley de la Memoria Histórica (Ley Nº 52/2007) se adoptó para hacer frente a los crímenes y atrocidades cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Además, las leyes y las decisiones judiciales aprobadas durante la época de la dictadura fueron declaradas nulas y se reconoció el derecho de las víctimas a la reparación.
La Ley de Memoria Histórica requiere que el gobierno central para facilitar el proceso de localización, exhumación e identificación de víctimas de la represión franquista, cuyos restos aún están desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes. Esta facilitación a nivel estatal se compone principalmente de la provisión de recursos financieros a organizaciones locales, tales como organizaciones no gubernamentales locales e instituciones académicas para localizar y exhumar las fosas comunes. Además, la Ley de Memoria Histórica proporciona a la administración para preparar y publicar un mapa que muestra la ubicación de todas las fosas comunes descubiertas.
Sin embargo, algunas comunidades autónomas han asumido la responsabilidad de estos procesos, por ejemplo Andalucía en el año 2003, lo que ha llevado a la adopción del Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, de 2009. Del mismo modo, Cataluña adoptó una ley (ley Nº 10/2009) sobre la localización e identificación de personas desaparecidas y la honra de las fosas comunes.
A pesar de los esfuerzos para enfrentar el pasado, las investigaciones sobre las personas desaparecidas son limitadas debido a la Ley 46/1977, del 15 de octubre de 1977, conocida como la ley de amnistía, que sigue en vigor. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo en su informe del 2 de julio de 2014, entre otros, han criticado esta situación.
La Ley de Memoria Histórica dio la oportunidad a las familias de los desaparecidos a llevar a cabo investigaciones y comenzar el proceso de localización y excavación de fosas comunes. Aunque esto pueda ser contemplado como un movimiento positivo, también ha recibido críticas por colocar la responsabilidad de búsqueda de los desaparecidos en familias, en lugar de que ésta permanezca con las autoridades. La Ley también permite a Gobiernos autonómicos a decidir cuánto apoyo, mucho o poco, están preparados a ofrecer a las familias de los desaparecidos. Algunas comunidades autónomas, incluido el País Vasco, Cataluña o Andalucía, se han mostrado serviciales, mientras que en otras comunidades las familias y las asociaciones de familias se encontraron con obstáculos burocráticos (incluso denegación del acceso a archivos oficiales).
El mapa de fosas establecido como resultado de la Ley de Memoria Histórica, registra 2.382 fosas a lo largo del país, para los que se cree que contienen más de 45.000 restos humanos. Menos de 400 de estas fosas han sido abiertas.
En los años que siguieron la promulgación de la Ley, las autoridades españolas dedicaron más de 25 millones de Euros al proceso de contabilización de los desaparecidos, pero la financiación ha sido interrumpida tras el cambio de gobierno en 2011. El gobierno conservativo suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura en el año 2012, transfiriendo sus funciones al departamento existente en el Ministerio de Justicia, alegando que el número de solicitudes de asistencia ha disminuido.
Otras normas y medidas
En relación con la Ley de Memoria Histórica, en septiembre de 2011, se adoptó el Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura para proporcionar una guía metodológica para los esfuerzos científicos y multidisciplinarios para localizar e identificar a las personas desaparecidas. Las actividades relacionadas con este proceso son llevadas a cabo por organizaciones no gubernamentales bajo la autoridad de la Comunidad Autónoma donde se encuentran los restos de las personas desaparecidas.
En 2014 dos misiones de la ONU visitaron España para informar sobre los esfuerzos del país para hacer frente al legado histórico de las personas desaparecidas.
Ariel Dulitzky, Presidente del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, destacó que la búsqueda de los desaparecidos no es en primera instancia una tarea a realizar por las familias, sino una obligación del estado español. El Grupo de Trabajo envió a las autoridades españolas 42 recomendaciones, la más urgente de los cuales, de acuerdo con Dulitzky, es para que “el estado asuma su responsabilidad y redacte una política integral para traer la verdad y la justicia a las víctimas“.
Otras recomendaciones incluyen proporcionar mayor apoyo gubernamental y financiero para las asociaciones y familias de las víctimas, incluida la creación de una agencia estatal para coordinar todas las cuestiones relacionadas y de una base de datos nacional de los desaparecidos. El Grupo de Trabajo pidió a las autoridades españolas que faciliten el procedimiento iniciado por el juez Garzón y se identificó la “resistencia” a nivel institucional para la desclasificación de ciertos documentos, así como los obstáculos colocados en el camino de las familias que intentan acceder a la información esencial.
El Grupo de Trabajo recomendó a las autoridades:
- Configurar las consultas periódicas con las familias y las asociaciones de familiares;
- Crear un organismo estatal con el pleno apoyo institucional, y, en particular, recursos humanos técnicos y financieros adecuados, para hacer frente a todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo la creación y administración de una base de datos central sobre las desapariciones;
- Actualizar y corregir, y poner a disposición la base de datos creada por la investigación penal iniciada en el marco del caso Garzón de 2008; y
- Fomentar las asociaciones de víctimas para facilitar la recogida de las muestras de los familiares por el Banco Nacional de ADN.
En julio de 2014, Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, emitió una evaluación de la situación en España e instó a las autoridades a poner en marcha un debate serio sobre el establecimiento de un Estado independiente, pero oficial, el mecanismo para lograr una comprensión exhaustiva de los derechos humanos y las violaciones del derecho humanitario que se produjeron durante la Guerra Civil y el franquismo. Entre otras cosas, propuso una Ley de Archivo que actualizaría todos los criterios que se aplican en términos de privacidad y confidencialidad, de conformidad con las normas internacionales, incluido el derecho a la verdad.
El Relator Especial advirtió que muchos funcionarios españoles siguen negando que incluso existe un problema histórico de personas desaparecidas, y concluyó que “la fortaleza de las instituciones democráticas debe medirse no por su capacidad para ignorar ciertos problemas, especialmente aquellos que se refieren a los derechos fundamentales, pero más bien por su capacidad para gestionarlos de forma eficaz, por complejos y difíciles que sean. Reconciliación libre de intentos de dar pleno efecto a los derechos, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición es invariablemente solamente un nombre vacío que se le da a una etapa temporal en un proceso que permite reclamaciones a seguir viviendo”.
En octubre de 2008, el juez Baltasar Garzón de la Corte Nacional, autorizó una investigación de la desaparición y asesinatos de 114.000 víctimas de la dictadura que tuvo lugar desde el 1936 y el 1952, bajo el argumento que los crímenes contra la humanidad no pueden ser sujetos a la amnistía o a regímenes limitantes.
Añadiendo a la cifra de 114.000, se cree que unos 30.000 niños han sido separados de sus padres (quienes en algunos casos fueron sentenciados a muerte) y dados por el régimen a otras parejas consideradas “políticamente fiables”. La práctica de adopción clandestina e ilegal continuó también tras la restauración de la democracia.
El juez Garzón fue suspendido en mayo del 2010 en base a acusaciones disciplinarias por prevaricación ajenas al caso de octubre de 2008. Sin embargo, en septiembre de 2010, los familiares de los desaparecidos iniciaron un caso similar en Argentina, invocando jurisdicción universal en casos de crímenes contra la humanidad. El 28 de noviembre, la Juez Federal de Argentina, María Romilda Servini de Cubria expidió órdenes de captura de 20 ex oficiales españoles acusados de torturar a los disidentes durante la dictadura. Ninguno de los incautados ha sido extraditado desde España todavía.