Guatemala

Con una población de 15.806.675, Guatemala es el país más poblado de América Central. Se encontraba en un estado de guerra civil desde el 1960 al 1996. Hoy en día, hasta un 70% de la población vive en la pobreza. El español es el idioma oficial, aunque es el segundo idioma hablado por muchos de los pueblos indígenas de Guatemala, que representan aproximadamente la mitad de la población.

Un período de la reforma social y económica en la década de 1940 y 50 años terminó a causa de golpes militares que instalaron una serie de dictaduras despiadadas. La guerra civil estalló en 1960 con fuerzas del régimen frente a una variedad de grupos rebeldes de izquierda apoyados principalmente por el pueblo indígena de etnia maya y los trabajadores agrícolas.

En el 1966 se registra por primera vez que las fuerzas del gobierno comenzaran a usar las desapariciones forzadas. Hasta el final de la guerra, el número de desaparecidos había llegado a decenas de miles. El nivel de represión aumentó durante la década de los 70 y los 80, con los militares infiltrándose y dominando todos los ámbitos de la vida.

Según el informe de 1999, “Guatemala: Memoria y Silencio” de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) patrocinada por la ONU, hasta 200.000 personas murieron durante la guerra. El informe cita una cifra de más de 6.000 desaparecidos, aunque un informe de Amnistía Internacional de 2012 cita una estimación “que se acerca más a 45.000.”

Un informe publicado en 1998 por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) atribuye casi el 90% de las atrocidades y más de 400 masacres al ejército de Guatemala (y paramilitares), y menos del 5% a las guerrillas (incluyendo 16 masacres). Un informe más reciente de la Iglesia Católica, el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), adapta ligeramente esta proporción, atribuyendo un poco menos de 80% de los casos al Ejército y un poco menos de 10% por ciento a las guerrillas.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) patrocinada por la ONU, declaró en su informe de 1999, “Guatemala: Memoria y Silencio”, que el estado fue responsable del 93% de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra, mientras que las guerrillas lo fueron del 3%. El informe encontró que la violencia alcanzó su punto máximo en 1982; 83% de las víctimas eran mayas; y  ambos lados utilizaban el terror como política deliberada.

El informe de 1984 de Human Rights Watch nombra “el asesinato de miles por un gobierno militar que mantenía su autoridad por medio del terror.”

Aunque la Ley de Reconciliación Nacional, que plantea la posibilidad de una amnistía para los “delitos políticos” cometidos por todas las partes durante el conflicto, no ha llevado a la impunidad total, el sistema judicial de escasos recursos y un clima permanente de intimidación han hecho difícil para Las víctimas de la violencia política y los familiares de los desaparecidos a alcanzar la justicia a través de los tribunales.

En 2009 Felipe Cusanero, un ex oficial del ejército, fue declarado culpable en un tribunal de Guatemala de la responsabilidad por la desaparición de seis campesinos y fue condenado a 150 años de prisión. Esta fue la primera vez que un caso contra alguien se había llevado al tribunal con éxito por desapariciones durante la guerra civil y se espera que abra el camino para juicios futuros.

En mayo de 2013, el ex general y presidente, Efraín Ríos Montt, fue declarado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad durante su período de gobierno 1982-83, incluyendo el asesinato y desaparición de más de 1.400 indígenas Ixil mayas. Su condena fue anulada por el Tribunal Constitucional a menos de dos semanas después de la sentencia, ordenando nuevo juicio.

En 1990 y 1991, los grupos de supervivientes comenzaron a relatar fosas clandestinas en sus comunidades, la mayoría de las cuales contenían cuerpos de los mayas masacrados durante la política de “tierra arrasada” llevada por el gobierno a principios de los 80. Los servicios forenses del Poder Judicial de Guatemala comenzaron a investigar algunos de estos casos, pero no pudieron llevarlos a una conclusión.

Consecuentemente, en 1991, los grupos de supervivientes se pusieron en contacto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que facilitó la creación del Equipo de Antropología Forense guatemalteca, hoy conocido como Fundacion de Antropologia Forense de Guatemala. El mismo año, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada en 1994 para investigar violaciones de los derechos humanos como parte del proceso de paz, pidió a la FAFG de llevar a cabo cuatro investigaciones de terreno con el fin de obtener pruebas físicas para respaldar los testimonios que había reunido de los supervivientes; estas pruebas fueron incluidas en el informe final de la Comisión, Guatemala: Memoria del Silencio.

La FAFG se empeña a permitir que los familiares de los desaparecidos recuperen los restos mortales de sus miembros de familia desaparecidos, a llevar a cabo entierros de acuerdo con sus creencias, y a permitir que los procesos penales contra los perpetradores fueran procesados. Éste ha llevado a cabo exhumaciones en aproximadamente 1.650 fosas, descubrió los restos de más de 7.000 víctimas, ayudó a identificar miembros de familia desaparecidos, y proporcionó testimonios críticos para los juicios en Guatemala y en España.

Otra agencia que jugó un papel importante en el tratamiento de la cuestión de personas desaparecidas en Guatemala es el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), una ONG que se ocupa de exhumar los cuerpos y de llevar a cabo estudios de antropología forense, incluida la investigación legal y técnica. También lleva a cabo un programa social, incluyendo aspectos de la promoción de la salud mental y apoyo psicosocial. CAFCA mantiene vínculos activos con la ODHAG y la FAFG.